El objetivo de esta propuesta es combatir el sedentarismo en el lugar de trabajo, el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica como un factor de riesgo para diversas enfermedades crónicas y la cuarta causa de muerte a nivel global. En México, una gran parte de la población adulta realiza menos de 150 minutos de actividad física moderada a la semana. El costo de las enfermedades relacionadas con el sedentarismo en México se estima en millones de pesos anuales, lo que representa una carga para el sistema de salud y afecta la productividad económica del país.
La iniciativa propone que las empresas en México permitan a los trabajadores que permanecen sentados o estáticos por largos periodos, como oficinistas o guardias de seguridad, realizar “pausas en movimiento”. Estas pausas consisten en periodos de actividad física de baja o moderada intensidad. La propuesta establece que estas pausas deben tener una duración mínima de 40 minutos por jornada laboral, distribuidas en dos pausas de 20 minutos cada una. Además, las empresas deberán garantizar espacios adecuados para estas actividades.
La propuesta argumenta que la implementación de “pausas en movimiento” ha demostrado beneficios como el aumento de la productividad, la reducción del estrés y una mejora en el ambiente laboral. Por ejemplo, en países como Japón, el programa “Rajio Taiso”, una rutina de ejercicios diarios transmitida por radio, ha mejorado la condición física y reducido el estrés de los trabajadores. En México, un informe de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2022 indica que el 75% de los trabajadores padecen estrés laboral.
La iniciativa incluye varias modificaciones a la Ley Federal del Trabajo:
El objetivo de esta propuesta es regular la forma en que los medios de comunicación en México abordan la violencia y la discriminación en sus contenidos.
La iniciativa surge ante la preocupación de que la televisión, como medio de comunicación masiva, influye en los valores y comportamientos de la sociedad. Se argumenta que la exposición constante a contenidos que muestran violencia o discriminación, sin un contexto adecuado, puede normalizar estas conductas. Esto, a su vez, podría tener un impacto negativo en la salud mental de los espectadores, especialmente en niños y adolescentes, y reforzaría actitudes perjudiciales en la sociedad.
La propuesta busca que, sin censurar la libertad de expresión, se añada información contextual cuando se transmitan escenas de violencia, discriminación o delitos. Esta información aparecería en la parte inferior de la pantalla mientras se transmite el contenido, y debería incluir el nombre de la conducta, su sanción y la autoridad competente para atenderla. El propósito es que las audiencias, incluyendo a potenciales víctimas, conozcan los recursos y autoridades a su disposición para evitar afectaciones.
La iniciativa está alineada con normativas internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU, que obliga a los estados a prevenir la difusión de contenidos discriminatorios en los medios de comunicación.
Para su implementación, la iniciativa propone una adición al Artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El objetivo es ofrecer incentivos fiscales para fomentar la gestión adecuada de residuos en México.
El problema que busca resolver la iniciativa es la enorme cantidad de basura que se genera en el país: más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día. La mayoría de estos desechos terminan en rellenos sanitarios o tiraderos al aire libre, lo que tiene consecuencias negativas para la salud, el medio ambiente y contribuye al cambio climático. Por ejemplo, los residuos plásticos que llegan al mar se acumulan formando “islas de plástico”, y su degradación genera microplásticos y gases de efecto invernadero. La más grande de estas islas, en el Océano Pacífico, mide más de 1.8 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente al territorio de México y al doble del tamaño de Francia.
Para enfrentar este desafío, la iniciativa propone un cambio en la Ley del ISR para que las personas puedan deducir el 10% del monto invertido en maquinaria y equipo para:
Para que la deducción sea válida, la maquinaria y el equipo deben permanecer en funcionamiento por al menos tres años y contar con las certificaciones de la Secretaría de Medio Ambiente o las autoridades locales correspondientes. En caso de no cumplir con el periodo mínimo, el contribuyente deberá pagar los impuestos, recargos y actualizaciones correspondientes.
La iniciativa busca incentivar a pequeños negocios, emprendedores y empresas locales para que inviertan en tecnologías más sostenibles. Se espera que esto fomente la innovación, genere empleos “verdes” y mejore el control sobre el manejo de residuos, contribuyendo a una economía circular. La propuesta se alinea con el derecho constitucional a un medio ambiente sano y con compromisos internacionales de México como los establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, específicamente con el objetivo de reducir la generación de desechos y fomentar prácticas sostenibles.
La propuesta busca abordar el aumento de delitos graves cometidos por adolescentes y prevenir la violencia desde la educación.
Según cifras del INEGI, cada vez más adolescentes en México son procesados por delitos de alto impacto como homicidio, violación, y portación de armas. Entre 2017 y 2022, el número de jóvenes en el sistema de justicia penal que fueron privados de la libertad aumentó del 17% al 30.2%. A pesar de este aumento, la ley actual establece que la pena máxima para un adolescente es de 5 años de internamiento, sin importar la gravedad del delito. Esto genera una sensación de impunidad y falta de justicia para las víctimas y la sociedad.
La iniciativa se basa en dos ejes principales:
En resumen, la iniciativa busca imponer consecuencias legales más severas para delitos graves cometidos por adolescentes y, al mismo tiempo, prevenir la violencia desde la raíz a través de la educación emocional.
La propuesta surge en respuesta a un alarmante aumento del sobrepeso y la obesidad infantil en México a consecuencia del sedentarismo que prevalece en la población de edad escolar
Según la OMS, más del 80% de los niños y adolescentes en México no cumplen con la actividad física mínima recomendada, lo que coloca al país en los primeros lugares de obesidad infantil a nivel mundial. El problema se agravó con la pandemia de COVID-19, que provocó una reducción drástica de la actividad física y una mayor exposición a dispositivos electrónicos. Además, un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública señala que el 65% de los estudiantes no hace ejercicio, en parte por la falta de áreas deportivas en las escuelas. Esto contribuye a que el 37% de la población infantil viva con sobrepeso y obesidad.
La iniciativa argumenta que la educación física no solo promueve la salud, sino que también mejora el desarrollo cerebral, la concentración, y el rendimiento académico. La práctica regular de ejercicio favorece la memoria, el aprendizaje y funciones ejecutivas como la atención y el control emocional. También ayuda a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, y mejora la autoestima y la socialización.
Por lo tanto, se propone que los programas de estudio incluyan la educación física de manera diaria y suficiente para el desarrollo integral de los alumnos. La iniciativa busca garantizar que las escuelas cuenten con “espacios suficientes y seguros para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación física”.
Asimismo, se propone que las autoridades educativas lleven a cabo la detección de talentos deportivos para poder apoyarlos en su desarrollo de la mejor manera posible.
En resumen, la propuesta busca fortalecer el papel de la educación física en el sistema educativo para combatir el sedentarismo y la obesidad infantil, promoviendo un desarrollo integral y hábitos de vida saludables desde una edad temprana.
El objetivo es brindar mayor protección a los trabajadores que realizan actividades físicas pesadas, ya que son un sector laboral con alta informalidad laboral y exposición a riesgos de salud.
La propuesta define el “trabajo de esfuerzo físico pesado” como cualquier actividad que requiera el uso de fuerza muscular y energía física, como el levantamiento de cargas, la manipulación de herramientas, el movimiento continuo o el trabajo en condiciones demandantes. Se incluyen profesiones como la albañilería, la minería, la agricultura, la pesca y la limpieza, entre otras.
La iniciativa se fundamenta en estadísticas que muestran la vulnerabilidad de estos trabajadores:
Para mejorar las condiciones laborales, la iniciativa propone las siguientes reformas a la Ley Federal del Trabajo:
Con estas medidas, la iniciativa busca proteger la salud y la seguridad de los trabajadores con empleos de esfuerzo físico pesado, promoviendo una cultura de bienestar laboral similar a la que existe en países como Alemania y Francia.
La iniciativa surge como respuesta a la nueva política migratoria en Estados Unidos implementada en 2025, que incluye la reactivación del programa “Quédate en México” y ha resultado en la deportación de más de 6 mil personas a México en menos de un mes. A su regreso, estos migrantes mexicanos enfrentan múltiples riesgos, como la discriminación, robos, extorsiones, reclutamiento por el crimen organizado y trata de personas. Además, organizaciones de derechos humanos señalan que los migrantes deportados son expuestos a grupos criminales y funcionarios corruptos.
La propuesta busca cambiar la perspectiva de la deportación, viéndola no como una crisis, sino como una oportunidad para el desarrollo económico y social de México. Se argumenta que los migrantes que regresan tienen habilidades y experiencia laboral adquirida en sectores productivos como la manufactura, la construcción y la salud, que pueden ser aprovechadas para fortalecer la economía nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, los migrantes mexicanos representan un 29% de los médicos, un 22% de los asistentes de enfermería, y un 50% de los empacadores y embaladores. También tienen un gran potencial para el emprendimiento, ya que han desarrollado una cultura de ahorro y negocios.
La reforma propuesta al Artículo 20 de la Ley de Migración busca hacer explícito que la política migratoria de México debe:
Con esta iniciativa, se busca que el trato digno y seguro a los mexicanos que regresan al país sea una obligación legal y no dependa únicamente de la voluntad política. Esto también busca alinear la ley con el plan del gobierno mexicano “México te abraza”, que tiene como objetivo emplear a 35,000 migrantes deportados.
El objetivo es impulsar la cultura física, el deporte amateur y la detección de talentos deportivos en las universidades del país. La propuesta busca detectar, formar y canalizar adecuadamente a los talentos deportivos para formarlos deportiva y académicamente y consolidarlos como imagen para la niñez y juventud de nuestro país.
Según un estudio del INEGI de 2023, solo el 39.8% de la población de 18 años o más en áreas urbanas realiza actividad física, lo que representa una disminución del 5.6% con respecto a 2014. Esto nos indica que se ha dado poca importancia a este sector, que en otros países es considerado de importancia para la imagen del país a nivel internacional.
Para abordar esta problemática, la iniciativa propone una serie de cambios a la ley:
En resumen, la iniciativa busca transformar el sistema de educación media superior y superior en México para que no solo sea un centro de desarrollo académico, sino también un pilar para la promoción del deporte y la salud de los jóvenes.
La propuesta busca proteger a las personas de los riesgos que surgen con el avance de la inteligencia artificial (IA) y tecnologías como los contenidos “deepfakes”.
Un contenido “deepfake” es un archivo de audio, imagen, video o audiovisual que se crea mediante el uso de tecnología que altera o crea videos, audios e imágenes falsas que simulan el rostro, la voz o los movimientos de una persona sin su autorización. Aunque esta tecnología tiene usos legítimos, su mal uso puede llevar a delitos como la extorsión sexual o la difamación pública.
La iniciativa señala que la legislación mexicana actual es insuficiente para castigar este tipo de conductas. Las leyes existentes sobre violación a la intimidad sexual no contemplan la creación de contenido digital manipulado por IA, ya que no necesariamente implican contacto físico o la existencia de una escena real. Ante este vacío legal, la ciudadanía queda vulnerable a delitos tecnológicos sofisticados.
Buscamos añadir un nuevo capítulo al Código Penal Federal, llamado “Delitos violatorios de la imagen corporal con fines sexuales”. Se establecen dos nuevos delitos:
Con esta iniciativa, se busca alinear la legislación mexicana con las tendencias internacionales y con recomendaciones de organismos como la UNESCO, la ONU y la OCDE, que han señalado la importancia de regular la IA para prevenir daños a la seguridad y los derechos humanos.
El objetivo es incluir el concepto de “alfabetización física” para combatir el alto índice de sedentarismo en México y las enfermedades que se derivan de este problema.
El derecho a la salud está garantizado en la Constitución, pero los resultados en materia de actividad física en el país son preocupantes. Un estudio de 2023 muestra que solo el 39.8% de la población de 18 años o más en zonas urbanas es físicamente activa, lo que representa una disminución significativa desde 2014. Esta inactividad está directamente relacionada con la obesidad y las enfermedades crónicas. Se estima que el 80% de las muertes anuales en México se deben a enfermedades no transmisibles, las cuales son prevenibles a través de estilos de vida saludables.
La propuesta define a la alfabetización física como el conjunto de conocimientos y habilidades que motivan, dan confianza y competencia motriz para que una persona se comprometa a realizar actividad física a lo largo de su vida. No se trata solo de saber hacer ejercicio, sino de entender cómo usar esas habilidades motrices de manera eficiente y creativa en diferentes situaciones.
Se buscan las siguientes modificaciones a la Ley General de Salud:
Con esta iniciativa, se busca que la alfabetización física sea un componente esencial en las políticas públicas de salud y educación.
El objetivo es cambiar el enfoque del Sistema de Salud en México, pasando de la atención de enfermedades a la prevención, para así reducir costos y mejorar la calidad de vida de la población.
La propuesta se basa en un análisis de las enfermedades crónicas no transmisibles (como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal) que más gasto generan al sistema de salud pública. Por ejemplo, en 2023, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gastó 94 mil millones de pesos para atender a solo 6 millones de derechohabientes con estas enfermedades. La iniciativa argumenta que este dinero podría ahorrarse si se invirtiera en la prevención, ya que la adopción de hábitos saludables puede evitar el desarrollo de estas enfermedades.
Además, la iniciativa destaca que la salud de la población está directamente relacionada con el crecimiento económico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el sedentarismo genera 14 mil millones de dólares en pérdidas de productividad.
Para lograr este cambio, la iniciativa propone las siguientes modificaciones a la Ley General de Salud:
En resumen, la iniciativa busca que el Estado mexicano enfoque sus esfuerzos en la prevención en lugar del tratamiento de enfermedades, lo que generaría un ahorro fiscal, mejoraría la productividad de la población y reduciría las desigualdades.